Daniel García Carrasco, abogado y socio de Datresa, analiza los retos que plantea la fiscalidad de criptomonedas en España. Este fenómeno global, encabezado por activos como Bitcoin y Ethereum, está transformando los sistemas legales y tributarios, dejando al descubierto la necesidad de adaptar la normativa fiscal a un entorno digital y sin fronteras.
En España, las criptomonedas son clasificadas como bienes intangibles, según la Agencia Tributaria. Esto significa que las ganancias derivadas de su compraventa se consideran ganancias patrimoniales y deben tributar en el IRPF. Sin embargo, este marco fiscal, aún en evolución, deja numerosas incógnitas para los inversores:
Actualmente, más del 40 % de los inversores en criptomonedas en España no tienen claro cómo declarar sus operaciones, lo que genera una brecha significativa entre la normativa vigente y la práctica diaria.
Para abordar este vacío, la Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia, enviando notificaciones a miles de contribuyentes sobre sus posibles obligaciones fiscales. Sin embargo, la falta de guías claras y una normativa actualizada genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión en criptomonedas. Según Daniel, es imprescindible simplificar las regulaciones y mejorar la educación fiscal para facilitar el cumplimiento y fomentar la confianza en el sistema.
España puede inspirarse en modelos internacionales que han adoptado enfoques más flexibles y claros:
Estos enfoques permiten encontrar un equilibrio entre fomentar el crecimiento económico y garantizar el cumplimiento fiscal.
El desafío para España radica en diseñar un marco fiscal que regule sin asfixiar un sector lleno de potencial. Las criptomonedas no solo son un vehículo de inversión, sino también una oportunidad para liderar en innovación tecnológica y financiera. Regular en exceso podría desplazar a los inversores hacia países con normativas más favorables, mientras que la falta de control podría fomentar el fraude o la evasión fiscal.
Daniel destaca que el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), en desarrollo por la Unión Europea, podría ser un paso clave hacia la armonización normativa y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en este ámbito.
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